domingo, 22 de junio de 2014

Comunicado: El Comité de familiares, amigas y amigos de gente en prisión


El Comité de familiares, amigas y amigos de gente en prisión, es una organización de personas afectadas por la violencia penitenciaria.
Somos personas solidarias con la gente que vive un encierro llevado hasta lo insoportable por el nuevo régimen penitenciario. Somos gente que actúa desde la cercanía cotidiana con personas encerradas, no desde la distancia cruel de los despachos. Somos personas que conocemos muy de cerca esta realidad.
Denunciamos el nuevo régimen penitenciario porque produce enorme sufrimiento humano e intensifica la violencia dentro de las prisiones, al punto de que además de angustia, ha provocado más de un acto suicida y más de un asesinato entre hombres cuya vida es responsabilidad del Estado debido a que están presos. Denunciamos la crueldad penitenciaria contra los hombres y las mujeres presas, y la violencia que produce.
Denunciamos el nuevo régimen penitenciario porque se está implementando sin tener en cuenta el difícil trabajo de acompañamiento y cuidado que hacemos las mujeres familiares como allegadas de gente presa y como cabezas de hogar de familias afectadas directamente por la pobreza y la prisión.
Denunciamos este régimen porque daña la vida de los niños y las niñas afectados por la distancia, las requisas y muchas otras formas de violencia. Más todavía para aquellas criaturas de mujeres presas a las que el Gobierno les ofrece la solución cruel de separarles de sus madres. Denunciamos que violentando a los niños y a las niñas, este Régimen produce dolor, resentimiento infantil, violencia social y prisioneros del futuro.
Sabemos que ningún derecho, ninguno, en ningún momento de la historia, ha sido regalado, sino resultado de la organización. No esperamos generosidad del Gobierno, ni nos conformamos con promesas ni migajas.

INVITAMOS A FAMILIARES, AMIGAS Y AMIGOS, A QUIEN QUIERA HACERLO, A INTEGRARSE A LA ORGANIZACIÓN.

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Nuestros presos

¿Qué está pasando en las cárceles del Ecuador?
Si no protestamos ahora, vamos a sacar a nuestros familiares muertos
–Esposa de un preso

Estoy en un salón de clase, como casi todos los días, pero el ambiente es poco común. Hay más personas que sillas, y las que no la tienen, se sientan bajo la pizarra, en el suelo muchas están paradas. El salón está abarrotado y nadie es estudiante. Tampoco estoy para enseñar. Algunas personas hablan y lloran. Todas sufren y su dolor se siente. 
La gran mayoría de personas tienen en común que son familiares de presos y que son mujeres: esposas, abuelas, hijas, nietas. Estaba ahí porquequería saber de primera mano lo que pasa en las cárceles de Ecuador. El discurso del presidente y los remitidos de prensa delos ministros, poco cuentan ya para mí. Quería escuchar la voz de estas mujeres.
“Todo fue sorpresivo”, cuentan refiriéndose al traslado de unos presos de una cárcel de Quito a otra en Latacunga que aún no está terminada. Ellas fueron con las compras de siempre a la cárcel, pero ya no pudieron entrar. Nadie les informó. Trescientos cincuenta y un presos fueron trasladados a una cárcel en Cotopaxi. Muchas mujeres no han podido visitar a sus presos porque no tienen plata. Las que pudieron llegar, escucharon las quejas y los lamentos de sus seres queridos, en visitas que duran algo más de una hora.
Una mujer dice que no reconoció a su esposo. “En lugar de un hombre, parecía un guagua malcriado. Tenía un uniforme que parecía payaso”. Estaba flaco y demacrado y no llevaba medias.
– ¿Por qué estás sin calcetines?, le preguntó.
–No tenía papel higiénico y los usé para limpiarme.
– ¿Y dónde están tus calcetines?
           –No los he podido lavar porque no hay lavandería –dijo el hombre–. No hay agua ni hay jabón.
“¡Hasta las chancheras se lavan!”, dice la mujer en el salón de clases en que nos hemos reunido, una tarde de marzo de 2014, en Quito.
Una por una van hablando de “nuestros presos” aunque el ministerio les llame privados de libertad (PPL) y a las cárceles “Centros de Rehabilitación”, que el cambio de nombre no les da una gota de dignidad–. “Uno pasa hambre junto a ellos: la comida apenas alcanza para una persona, no dejan entrar alimentos y no hay donde cocinar ni tampoco laposibilidad de comprar comida”. 
Otra dice que el trato es inhumano porque pasan veinte horas encerrados y se van a volver locos. Los presos pasan hambre, frío, sed –solo les dan medio litro de agua al día–. No tienen luz y les hacen ducharal aire libre con agua fría, que a veces se corta y se quedan jabonados. Cuando se quejaron del agua fría, les explicaron que los habitantes de la zona tienen esa costumbre. “! Qué me importa que la gente se bañe en agua fría o una vez por semana! Mi marido tiene derecho a estar limpio”. Otra persona cuenta que les dieron dos calzoncillos y dos pares de medias, y que losusan sucios porque no tienen dónde ni con qué lavarlos. Una abuela dice que preferían el penal de Quito porque ahoraestán peor y lejos. Otra dice que hay enfermos, incluso con VIH-SIDA, que no están recibiendo medicinas. Una señoracuenta que no tienen idea de cómo está funcionando el plan para las personas que tienen síndrome de abstinencia y quesolo les tratan una crisis cuando se sabe que hay muchas más.
Otra sostiene que los derechos humanos deberían ser la bandera de lucha de la izquierda y que si siguen mintiendo sobre la situación de “nuestros” presos, hay que decir que el ministerio que organiza las cárceles debería llamarse “Ministerio de la Injusticia”.
Habla una viuda. Cuenta que su marido falleció en la cárcel. Llora. Dice que por protestar para tener más visitasfamiliares y encuentros íntimos (tenía una al mes), le pusieron en máxima seguridad, que más bien significa “máximomaltrato”,  y que por seguir protestando, le golpearon. Finalmente, murió en el área de cuidados intensivos con el 80% del cuerpo lacerado por las llamas (El Universo, 15/02/14). Es decir, murió quemado. Ahora dice que ella sigue en la lucha porque no quiere que a otras personas les pase lo mismo. Su caso es la prueba de que “si no protestan ahora, van sacar a nuestros familiares muertos”.

La Constitución de Montecristi por primera vez reconoció los derechos de las personas privadas de libertad. Los presos tienen derecho a no estar aislados ni aún por sanción disciplinaria, a estar comunicados y recibir visitas, a que puedan declarar sobre el trato que reciben, a contar con recursos materiales y humanos para atender su salud, a recibir atención para satisfacer sus necesidades de educación, cultura, alimentación y recreación (Art. 51). Además, la Constitución prohíbe la regresividad en el ejercicio de los derechos (Art. 11.8). Finalmente, establece que el fin del encierro es la reinserción social (Art. 201). Todo esto se está incumpliendo. Los presos, según sienten sus familiares, están aislados, incomunicados por tener solo una hora y media de visitas a la semana, no pueden contar públicamente lo que están viviendo, están siendo tratados de forma inhumana, no gozan de los servicios básicos que un ser humano digno merece, están peor que antes, se impide socializar con sus seres queridos por lo que el plan de re-inserción a la sociedad se hace imposible. Están peor que antes. Es decir, Estamos antes violaciones claras y manifiestas de la Constitución.

¿Para qué, entonces, los derechos reconocidos en la Constitución? Precisamente por esos derechos, sabemos que se trata de una realidad de violación de derechos, que el estado no está cumpliendo con sus obligaciones ante los más marginales de la sociedad, que tanto los presos como sus familiares no están pidiendo favores sino exigiendo derechos y trato digno.
Ojalá no se cumpla la advertencia de una de las mujeres: “Cuántas vidas más tendrán que morir para que nos escuchen.” Y ojalá también la cárcel no sea, como decía otra persona “el caldo de cultivo donde se están formando los más resentidos del país”. Por favor Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, jueces y juezas, Presidente, Director Nacional de Rehabilitación, escuchemos este clamor popular y no seamos insensibles.
Constitucionalista andino
Marzo 2014


jueves, 5 de junio de 2014

FUTURO PENITENCIARIO, MANIFIESTO DESDE LA INFANCIA ENCARCELADA

Mayo 2014


            El nerviosismo nos desborda, no logramos creerlo, CIENTOS DE MUJERES DEBERÁN DEJAR ATRÁS SUS PERTENENCIAS Y MEDIOS DE VIDA, todo aquello que con tanta dificultad  consiguieron para mantener a sus hijas e hijos adentro y afuera de la cárcel. La amenaza es inminente, el pasado mes de abril, las familiares, amigas y amigos de la gente privada de su libertad vimos estupefactas como se llevaban a nuestros hijos, padres, hermanos, amigos al Centro Regional de Cotopaxi. El panorama se dibuja aún más macabro con el traslado de las internas del Inca pues ello significa la ruptura del vínculo entre las madres y sus pequeñas y pequeños, avizoramos una crisis colectiva de la infancia. Todas sabemos que el traslado es el peor castigo que le pueden hacer a una persona privada de su libertad pues significa el alejamiento de sus afectos. Para los chiquitos y chiquitas, para los y las adolescentes, la distancia significa la imposibilidad de contacto con su cariño más entrañable.


            La cárcel de mujeres ha estado en el barrio del Inca por más de tres décadas, primero regida por las monjas del Buen Pastor cuando las madres eran llevadas a trabajar fuera de la prisión y podían salir a cuidar a sus hijos e hijas personalmente, en ese entonces, no habían tantas presas. En los años ochenta, cuando el país se compromete a la consigna norteamericana de combatir las drogas, dejando de lado el combate de la injusticia estructural, la desigualdad y la pobreza, el Estado decide que  los niños y las niñas pueden permanecer en prisión sólo hasta los 12 años. Entonces, muchos empiezan a crecer en asilos, fundaciones caritativas, centros para menores, en donde frecuentemente eran y son maltratados. En el 2007, horrorizado por la infancia que crece en las prisiones pero indolente ante las largas condenas que deben enfrentar las madres empobrecidas, el gobierno emprende el proyecto “Niños Libres” entregando a familias ampliadas o sustitutas los y las infantes que han cumplido los tres años de edad. La ironía radica en que ante los grandes esfuerzos estatales, los pequeños y pequeñas siguen escapando de asilos y familias impuestas para estar junto a sus madres, buscando quedarse con ellas.   
  

            El ochenta por ciento de las mujeres están encarceladas por narcotráfico, la ley dice que ese es delito de lesa humanidad. Sin embargo, son ellas quienes en las calles se arriesgan al comercio ilegal, enfrentan el chantaje y la persecución policial mientras dan de lactar, consuelan el llanto y enseñan la superviviencia en esta dura vida. Son ellas quienes con sus esfuerzos salvan las emergencias de todos los días, quienes asumen el trabajo de cuidar la enfermedad, de proveer educación, vivienda, el amparo social que el Estado está obligado a garantizar. Sin embargo, son ellas mismas a quienes se señala como irresponsables mientras nadie le reclama a ese mismo Estado, o a esa misma sociedad, sus incumplimientos. Un nuevo despojo se avecina para hundir en la soledad a los más desprotegidos, a las más desprotegidas. Este nuevo traslado significa distancia, lejanía pero además, abandono masivo de la infancia.
            Nuestro temor no es vano, la promesa del gobierno de mejorar el sistema de rehabilitación social, se ha convertido en la concentración de nuevas violaciones masivas y constantes de derechos humanos. Nosotras damos testimonio del incesante sufrimiento experimentado en estos flamantes centros, de muertes y suicidios por desesperación y angustia. Nosotras damos cuenta de la escasez y baja calidad de alimentos, de la falta de cobijo, de agua potable, de electricidad continua, de la desatención a enfermos de gravedad, a gente con discapacidades y de edad avanzada. Nosotras damos cuenta de su incomunicación por la ausencia de radios, de relojes, de teléfonos públicos, de la imposibilidad de obtener libros, papel para dibujar o escribir o siquiera una biblia; de la carencia de talleres para el aprendizaje de oficios, de trabajo, de educación así como de la restricción al tiempo de visitas, de los cacheos vaginales a nosotras y a nuestros hijos e hijas. ¡Confinamiento y martirio es lo que tenemos! Con veinte horas de encierro y sin ver el sol a cualquiera le quitan la creencia en un mundo bueno. 


            Nuestro testimonio es aquel que no quiere ser escuchado por las instancias del Estado, por la tibia defensoría del pueblo y el comité anti-tortura. Nuestro testimonio, es la evidencia de un nuevo mundo subterráneo de terror penitenciario y por ello quieren acallar nuestras voces. Preguntamos acerca de la perversidad del diseño y la construcción de una ciudad entera para el castigo y con gesto de orgullo y dependencia colonial, nos dicen que se ha seguido el ejemplo del modelo penitenciario francés, del estadounidense. No es de extrañarse pues en estos países de políticas implacables se castiga a la gente negra, a nuestros migrantes y, en este último, hasta existe la pena de muerte. La privatización de las cárceles está ocurriendo, las familiares debemos pagar a una empresa privada para que se pueda completar la insuficiencia alimentaria con comida chatarra. Nuestros compañeros a quienes se les arrebató el trabajo ya no pueden aportar al gasto diario. Nos asalta la duda ¿Cuáles son las empresas que viven de las personas privadas de su libertad?, ¿quiénes se enriquecen con todo el dinero invertido en la construcción de estos gigantescos infiernos?


            Nosotros la población superflua, que sobra, que no calza en sus modelos más que a través del palo y la pobreza, bajo el riesgo de que con nuestra protesta nos castiguen con más garrote o con quitándonos el derecho a la visita, nos preguntamos ¿cómo calzan las ciudades de la penitencia en la matriz productiva? ¿Cómo hacen parte de los planes del buen vivir? ¿Cómo harán para borrar la memoria de las almas torturadas en los calabozos del ex-penal García Moreno y construir un hotel de lujo sobre sus cimientos?   
            Estamos conscientes de que en esta sociedad se cometen delitos atroces, no justificamos el asesinato de mujeres, los delitos sexuales, menos aún contra los niños y niñas, estamos en contra de cualquier tipo de violencia patriarcal y machista. No obstante, quienes están en las prisiones no son los hijos de las élites sino de la pobreza y la desigualdad instituida e histórica. Sabemos que se usan lo crímenes más burdos para sembrar miedos y crear políticas de seguridad ciudadana, para distraer la atención de otros escándalos políticos. Pero, sabemos también que aún existe mucha gente sin sentencia, que se llevan a cabo juicios expeditos que en tiempos récord firman largas y duras condenas, equiparando justicia con castigo penitenciario.
            Nuestros corazones palpitan, nos pesan. Tristes, irritables, enojadas, desbordamos en llanto, guardamos silencio como resignación porque no nos queda otra. El futuro es incierto. ¿Deberán habitar nuestros pequeños y pequeñas estos centros de la infelicidad pura? ¿Dónde dejaremos a nuestros hijos, nuestras hijas?, ¿con la abuela, la madre, la tía, la amiga? Todas ellas también empobrecidas. ¿Acaso con las familias impuestas por el Estado?, ¿en que nueva institución de caridad?, ¿con quién?, ¿con quiénes irán a parar? Nuevamente, la pérdida del control de sus circunstancias de vida se vuelve parte de la condena a nuestra pobreza. El estado no entiende que los niños y las niñas necesitan se les garantice un mundo bueno, que después de los tres años ellas y ellos siguen siendo nuestras hijas e hijos porque donde quiera que estemos las madres seguimos siendo la añoranza humana del hogar.
            Sin un lugar propio en el mundo, nuestra infancia corre el peligro de perderse en las calles, expuestas y expuestos a todos los peligros. Al acercase a la adolescencia, ya no hay planes ni lugar de acogida alguna, lo que les queda es la correccional. El Nuevo Código Penal integral prevé ocho años de sanción para menores infractores, ¿serán estas nuevas ciudades del castigo el futuro de nuestros hijos? La cárcel es matriz de la producción del dolor que se perpetúa por generaciones. Nuestros hijos e hijas, caras de la exclusión más radical, son quienes acumulan la injusticia y la violencia del Estado. La ciudadanía debe atreverse a pensar las razones del crecimiento penitenciario. 


            Afirmamos que la cárcel es lugar privilegiado para pensar la actual situación del país; aquí se aloja la gente pobre, negra, chola, refugiada, extranjera en situación de emergencia. En tiempos de criminalización de la protesta, es necesario comprender que cualquiera puede dar a parar en las nuevas ciudades del castigo. Por ello proponemos romper el aislamiento, entablar vínculos con la comunidad, alianzas entre quienes estamos en distintos espacios de vulneración y resistencia: mujeres privadas de su libertad y familiares, amigas, amigos, activistas, gente sensible pues bajo este régimen la naturaleza tanto como la humanidad se hallan en peligro y por tanto son asunto político.

            Exigimos justicia social, sólo así tendremos una sociedad libre de miedos y una ciudadanía segura. Exigimos que se permitan veedurías independientes que observen la actual situación penitenciaria sin restricciones ni pretextos seguritarios. Exigimos se garantice no sólo agua, luz eléctrica y natural, cobijo, abrigo sino también el vínculo afectivo a nuestras niñas y niños. ¡No es posible tener niños libres, sin pueblos libres, sin madres libres! Es necesario entender que encarcelamiento de las mujeres es el martirio de nuestra infancia; que otro modelo de desarrollo no es posible sin un futuro post-carcelario en el cual la prisión sea el último recurso.

Audio: testimonios de los familiares de las personas privadas de la libertad


Comité de Familiares amigas y amigos de las Personas Privadas de su Libertad.

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